En los últimos días y coincidiendo, además, con una dura ola de frío, el precio de la energía se ha disparado en nuestro país hasta máximos históricos. Esta escalada en el precio de la electricidad ha puesto en peligro la salud de muchas personas y ha convertido en nuevos pobres a miles de españoles, colocando fuera de su alcance un bien que debería ser considerado como básico.
Lo peor de todo es que esta subida de la luz hasta precios de récord no ha sido sólo responsabilidad de las eléctricas, sino que se ha producido con la conformidad del Gobierno de España, que no ha movido ni un dedo para evitar este escenario y proteger a las capas de la población que más lo necesitan.
Rajoy no debería haberse dado el lujo de mirar para otro lado ante una situación de este tipo y, sin embargo, lo ha hecho. Y lo que es peor: no sólo ha mirado para otro lado, sino que se ha permitido frivolizar con el problema, asegurando que el precio de la luz bajará porque “va a llover”. Visto lo visto, al frente de España no tenemos un presidente, sino al hombre del tiempo.
El agua, la luz y el gas son bienes básicos y, como tales, deberían estar garantizados, aunque en este país el presidente del Gobierno prefiera mimar a las grandes empresas energéticas y contribuir a que aumente su cuenta de resultados.
Duele también constatar que lo vivido esta semana no ha sido un hecho puntual, sino que constituye el colofón a una legislatura perdida para la regulación del sistema energético. Por la dejación de funciones que deliberadamente ha hecho el Gobierno nos encontramos con que, en España, no se paga por la energía que consumimos, sino también por la que no consumimos. La actual configuración del recibo de la luz es totalmente injusta y el ciudadano medio es, además, incapaz de descifrar el jeroglífico que recibe por carta cada mes. Para empezar, hace falta transparencia.
También hace falta que el Gobierno trabaje para reducir el coste energético y eso sólo se puede conseguir caminando hacia un modelo más sostenible, en el que predominen las energías renovables. Mientras que en Andalucía llevamos 15 años trabajando en un modelo energético más sostenible y hemos conseguido que el aporte de fuentes de energía renovable a la estructura de energía primaria andaluza sea hoy de un 20,6%, la única planificación del Gobierno de Rajoy ha consistido en paralizar el desarrollo de las renovables para mantener el actual statu quo en el sector eléctrico. La visión cortoplacista de Rajoy no sólo está dañando la economía de las familias, sino que también nos debilita como país, al seguir fomentando nuestra alta dependencia energética del exterior.
En estos cinco largos años de Rajoy como presidente, sin embargo, no sólo se ha fallado en el diseño de una política energética buena para el país y para los ciudadanos. También se ha fallado en lo más básico, como es asegurar el suministro eléctrico a las familias. No hablamos ya de que miles de familias no puedan pagar la factura de la luz, sino que hay otras tantas que se ven sorprendidas por apagones cuando menos lo esperan.
Esta situación, impropia de los tiempos que corren, resulta pese a todo habitual en el interior y el norte de nuestra provincia. Y resulta habitual –otra vez– por la voluntad expresa del Gobierno de Rajoy, que en 2012 decidió sacar de la planificación energética estatal la infraestructura que había planeado el Gobierno de Zapatero para resolver este problema de suministro: la construcción de una línea eléctrica de alta capacidad entre Vera y la localidad granadina de Baza.
De no haber sido paralizada primero y descartada después por el Gobierno de Rajoy, esta línea eléctrica estaría evitando los apagones que hoy se siguen produciendo en nuestra provincia. Además, muchas empresas que no se quieren instalar en nuestro territorio por esa falta de suministro, tendrían el problema resuelto. En resumidas cuentas, estamos perdiendo dinero y calidad de vida porque el presidente del Gobierno prefiere beneficiar a sus amigas las grandes empresas eléctricas de este país.
Lo peor de todo es que esta subida de la luz hasta precios de récord no ha sido sólo responsabilidad de las eléctricas, sino que se ha producido con la conformidad del Gobierno de España, que no ha movido ni un dedo para evitar este escenario y proteger a las capas de la población que más lo necesitan.
Rajoy no debería haberse dado el lujo de mirar para otro lado ante una situación de este tipo y, sin embargo, lo ha hecho. Y lo que es peor: no sólo ha mirado para otro lado, sino que se ha permitido frivolizar con el problema, asegurando que el precio de la luz bajará porque “va a llover”. Visto lo visto, al frente de España no tenemos un presidente, sino al hombre del tiempo.
El agua, la luz y el gas son bienes básicos y, como tales, deberían estar garantizados, aunque en este país el presidente del Gobierno prefiera mimar a las grandes empresas energéticas y contribuir a que aumente su cuenta de resultados.
Duele también constatar que lo vivido esta semana no ha sido un hecho puntual, sino que constituye el colofón a una legislatura perdida para la regulación del sistema energético. Por la dejación de funciones que deliberadamente ha hecho el Gobierno nos encontramos con que, en España, no se paga por la energía que consumimos, sino también por la que no consumimos. La actual configuración del recibo de la luz es totalmente injusta y el ciudadano medio es, además, incapaz de descifrar el jeroglífico que recibe por carta cada mes. Para empezar, hace falta transparencia.
También hace falta que el Gobierno trabaje para reducir el coste energético y eso sólo se puede conseguir caminando hacia un modelo más sostenible, en el que predominen las energías renovables. Mientras que en Andalucía llevamos 15 años trabajando en un modelo energético más sostenible y hemos conseguido que el aporte de fuentes de energía renovable a la estructura de energía primaria andaluza sea hoy de un 20,6%, la única planificación del Gobierno de Rajoy ha consistido en paralizar el desarrollo de las renovables para mantener el actual statu quo en el sector eléctrico. La visión cortoplacista de Rajoy no sólo está dañando la economía de las familias, sino que también nos debilita como país, al seguir fomentando nuestra alta dependencia energética del exterior.
En estos cinco largos años de Rajoy como presidente, sin embargo, no sólo se ha fallado en el diseño de una política energética buena para el país y para los ciudadanos. También se ha fallado en lo más básico, como es asegurar el suministro eléctrico a las familias. No hablamos ya de que miles de familias no puedan pagar la factura de la luz, sino que hay otras tantas que se ven sorprendidas por apagones cuando menos lo esperan.
Esta situación, impropia de los tiempos que corren, resulta pese a todo habitual en el interior y el norte de nuestra provincia. Y resulta habitual –otra vez– por la voluntad expresa del Gobierno de Rajoy, que en 2012 decidió sacar de la planificación energética estatal la infraestructura que había planeado el Gobierno de Zapatero para resolver este problema de suministro: la construcción de una línea eléctrica de alta capacidad entre Vera y la localidad granadina de Baza.
De no haber sido paralizada primero y descartada después por el Gobierno de Rajoy, esta línea eléctrica estaría evitando los apagones que hoy se siguen produciendo en nuestra provincia. Además, muchas empresas que no se quieren instalar en nuestro territorio por esa falta de suministro, tendrían el problema resuelto. En resumidas cuentas, estamos perdiendo dinero y calidad de vida porque el presidente del Gobierno prefiere beneficiar a sus amigas las grandes empresas eléctricas de este país.
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