Vivir en dignidad y ofrecer un respiro a las familias. Son los objetivos principales de la Ley de Dependencia. Una normativa que, de manera sistemática, contraviene el Gobierno de Rajoy. Y lo hace sin pudor. No sólo no asume anualmente su parte en la financiación de la Dependencia dejando a miles de familias en la estacada, sino que los dirigentes provinciales de su partido, del PP, tienen el arrojo de sacar pecho, de distorsionar a conciencia la realidad y de decir que lo hacen fabulosamente bien. Para colmo critican a la Junta de Andalucía que es, precisamente, la única administración que está cumpliendo.
El Gobierno andaluz no sólo está ejecutando su parte. Está dando más. Está supliendo las carencias del Gobierno central y lo hace por el bien de las personas dependientes y de sus familias proporcionándoles el oxígeno y bienestar que necesitan en este complicado camino en el que nos comprometimos a acompañarles. Los socialistas tiramos del carro. El Gobierno central debe a la Junta –a todos los andaluces- 625 millones de euros por la aplicación de la Ley de Dependencia de la que se desentiende. De esa cantidad, la deuda de Rajoy con Almería es de 58 millones de euros. Y todo por no cumplir con el 50% de la financiación para la dependencia, como marca la normativa.
Precisamente, esta semana los socialistas debatimos una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz para demandar al Gobierno central que garantice la sostenibilidad y financiación del sistema de Dependencia en España. El PP volvió a dar la espalda a la comunidad, a los dependientes y sus familiares y cerró filas en torno a Rajoy que, según los populares, debe librarse de pagar lo que se nos debe a esta Comunidad, una región ya de por sí infra financiada por culpa del Gobierno de su partido que, al contrario, sí beneficia a otras comunidades españolas.
Lo que los dirigentes provinciales y regionales del PP no quieren comprender es que si llegara este dinero que reclama la Junta no habría ni una sola persona en lista de espera y se podría llegar a todos y cada uno de los andaluces que lo necesitan. Con ese dinero que debe Rajoy se podría haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia, lo que hubiera supuesto, a su vez, la generación de más de 25.000 empleos directos.
Andalucía no puede seguir sacando a pulmón la Ley de Dependencia teniendo en cuenta que es la comunidad que más personas atiende con casi 200.000 beneficiarios y 250.000 prestaciones. En Almería, en el último año se han incorporado al sistema de atención a la dependencia más de 2.800 personas y se han sumado 4.367 prestaciones más. Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace ya más de 11 años, en Almería se han atendido a más de 38.000 personas, que se han beneficiado de 48.156 prestaciones.
Según el informe de la Comisión de Dependencia una financiación equitativa acorde con la ley hubiese obligado al Gobierno del PP a aportar 1.700 millones de euros más cada año, lo que hubiese generado más de 100.000 puestos de trabajo y aportaría retornos económicos al Estado de más del 40 por ciento.
El mencionado documento, que conoce perfectamente el PP, cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado -283 millones de euros menos cada año- y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo -un 13% menos cada año-, lo que ha producido un quebranto económico a Andalucía.
Las cuentas están claras, pero lo que desde el PSOE no tenemos claro es si el PP considera primordial ayudar a los dependientes y a sus familias. Los socialistas hemos logrado sacar adelante la Proposición No de Ley para obligar a Rajoy a darnos lo que nos pertenece pese a la negativa del PP y vamos a instar al Gobierno central a que cumpla con su parte por el bien de todos y todas.
El Gobierno andaluz no sólo está ejecutando su parte. Está dando más. Está supliendo las carencias del Gobierno central y lo hace por el bien de las personas dependientes y de sus familias proporcionándoles el oxígeno y bienestar que necesitan en este complicado camino en el que nos comprometimos a acompañarles. Los socialistas tiramos del carro. El Gobierno central debe a la Junta –a todos los andaluces- 625 millones de euros por la aplicación de la Ley de Dependencia de la que se desentiende. De esa cantidad, la deuda de Rajoy con Almería es de 58 millones de euros. Y todo por no cumplir con el 50% de la financiación para la dependencia, como marca la normativa.
Precisamente, esta semana los socialistas debatimos una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz para demandar al Gobierno central que garantice la sostenibilidad y financiación del sistema de Dependencia en España. El PP volvió a dar la espalda a la comunidad, a los dependientes y sus familiares y cerró filas en torno a Rajoy que, según los populares, debe librarse de pagar lo que se nos debe a esta Comunidad, una región ya de por sí infra financiada por culpa del Gobierno de su partido que, al contrario, sí beneficia a otras comunidades españolas.
Lo que los dirigentes provinciales y regionales del PP no quieren comprender es que si llegara este dinero que reclama la Junta no habría ni una sola persona en lista de espera y se podría llegar a todos y cada uno de los andaluces que lo necesitan. Con ese dinero que debe Rajoy se podría haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia, lo que hubiera supuesto, a su vez, la generación de más de 25.000 empleos directos.
Andalucía no puede seguir sacando a pulmón la Ley de Dependencia teniendo en cuenta que es la comunidad que más personas atiende con casi 200.000 beneficiarios y 250.000 prestaciones. En Almería, en el último año se han incorporado al sistema de atención a la dependencia más de 2.800 personas y se han sumado 4.367 prestaciones más. Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace ya más de 11 años, en Almería se han atendido a más de 38.000 personas, que se han beneficiado de 48.156 prestaciones.
Según el informe de la Comisión de Dependencia una financiación equitativa acorde con la ley hubiese obligado al Gobierno del PP a aportar 1.700 millones de euros más cada año, lo que hubiese generado más de 100.000 puestos de trabajo y aportaría retornos económicos al Estado de más del 40 por ciento.
El mencionado documento, que conoce perfectamente el PP, cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado -283 millones de euros menos cada año- y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo -un 13% menos cada año-, lo que ha producido un quebranto económico a Andalucía.
Las cuentas están claras, pero lo que desde el PSOE no tenemos claro es si el PP considera primordial ayudar a los dependientes y a sus familias. Los socialistas hemos logrado sacar adelante la Proposición No de Ley para obligar a Rajoy a darnos lo que nos pertenece pese a la negativa del PP y vamos a instar al Gobierno central a que cumpla con su parte por el bien de todos y todas.
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