Setenta millones de euros más. Eso es lo que le va a costar a la provincia de Almería la subida de impuestos que ha incluido el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos en los presupuestos del próximo año. El sablazo sale a razón de unos 100 euros más por persona y, por descontado, no serán las rentas más altas las afectadas: la crujida irá directa al bolsillo de las clases medias y trabajadoras.
El Gobierno de Moreno Bonilla y Juan Marín ha terminado de quitarse la careta con el proyecto de presupuestos que presentaba hace unos días en el Parlamento de Andalucía y que ahora iniciará su tramitación. Por si quedaba alguna duda de la falta de sensibilidad social de este gobierno de PP y Cs, los presupuestos con los que quieren administrar Andalucía en 2020 son la confirmación de que, cuando gobierna, la derecha termina siempre beneficiando a los mismos, a costa del ciudadano de a pie.
La política fiscal que han aplicado en este documento los delegados en Andalucía de Casado y Rivera lo deja meridianamente claro. El Gobierno andaluz prevé una subida de los ingresos de 2.000 millones de euros, que se consigue, básicamente, con un aumento de 700 millones en los impuestos directos e indirectos que pagan la mayoría de los andaluces, mientras a los más ricos se les rebaja la presión fiscal, como lo demuestra, por ejemplo, la bajada de 50 millones de euros prevista en el Impuesto de Sucesiones.
¿Y qué harán con todo este dinero recaudado? Crear empleo, de entrada, no mucho. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha asegurado que, con este presupuesto, el año que viene podrán crearse 60.000 puestos de trabajo en toda Andalucía, rebajando así, de manera drástica, los 600.000 nuevos empleos que prometió el PP en la campaña electoral para la legislatura. Aquella fanfarronada no les ha durado en pie ni un año.
Con ese supuesto aumento de ingresos tampoco van a mejorar la sanidad y la educación públicas, sino todo lo contrario. En el apartado sanitario, el presupuesto reconoce que, en 2019, el SAS ha acumulado un déficit de 326 millones de euros, por lo que sólo cabe esperar que sigan metiendo la tijera para equilibrar las cuentas. Habrá cero euros para más médicos, para más centros de salud o para más hospitales y, en el caso concreto de Almería, ya sabemos que el Materno-Infantil ni siquiera se abrirá por completo en 2020.
En cuanto a la educación, el presupuesto desglosado por provincias prevé una inversión de apenas 7 millones de euros para infraestructuras educativas en Almería, una cifra ridícula si se tiene en cuenta que el último presupuesto socialista contemplaba para este fin 30 millones de euros. Con esa cifra de inversión tan pequeña es evidente que no podrán sacar adelante muchos de los proyectos que ya estaban listos para llevarse a cabo. Como ejemplo, se puede citar el caso del conservatorio de danza, para el que han consignado 300.000 euros, o el CEIP de Almerimar, al que le han asignado 187.000 euros cuando las obras están valoradas en más de tres millones.
Estas cuentas, además, maltratan a los trabajadores públicos, ya que no se cumplirán los acuerdos que había alcanzado con ellos el anterior gobierno socialista, como la recuperación de la paga extra de 2013 y 2014 o las medidas de acción social y conciliación familiar. Por si fuera poco, los papeles que ha llevado el Gobierno andaluz al Parlamento carecen de toda credibilidad, como lo demuestra
El Gobierno de Moreno Bonilla y Juan Marín ha terminado de quitarse la careta con el proyecto de presupuestos que presentaba hace unos días en el Parlamento de Andalucía y que ahora iniciará su tramitación. Por si quedaba alguna duda de la falta de sensibilidad social de este gobierno de PP y Cs, los presupuestos con los que quieren administrar Andalucía en 2020 son la confirmación de que, cuando gobierna, la derecha termina siempre beneficiando a los mismos, a costa del ciudadano de a pie.
La política fiscal que han aplicado en este documento los delegados en Andalucía de Casado y Rivera lo deja meridianamente claro. El Gobierno andaluz prevé una subida de los ingresos de 2.000 millones de euros, que se consigue, básicamente, con un aumento de 700 millones en los impuestos directos e indirectos que pagan la mayoría de los andaluces, mientras a los más ricos se les rebaja la presión fiscal, como lo demuestra, por ejemplo, la bajada de 50 millones de euros prevista en el Impuesto de Sucesiones.
¿Y qué harán con todo este dinero recaudado? Crear empleo, de entrada, no mucho. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha asegurado que, con este presupuesto, el año que viene podrán crearse 60.000 puestos de trabajo en toda Andalucía, rebajando así, de manera drástica, los 600.000 nuevos empleos que prometió el PP en la campaña electoral para la legislatura. Aquella fanfarronada no les ha durado en pie ni un año.
Con ese supuesto aumento de ingresos tampoco van a mejorar la sanidad y la educación públicas, sino todo lo contrario. En el apartado sanitario, el presupuesto reconoce que, en 2019, el SAS ha acumulado un déficit de 326 millones de euros, por lo que sólo cabe esperar que sigan metiendo la tijera para equilibrar las cuentas. Habrá cero euros para más médicos, para más centros de salud o para más hospitales y, en el caso concreto de Almería, ya sabemos que el Materno-Infantil ni siquiera se abrirá por completo en 2020.
En cuanto a la educación, el presupuesto desglosado por provincias prevé una inversión de apenas 7 millones de euros para infraestructuras educativas en Almería, una cifra ridícula si se tiene en cuenta que el último presupuesto socialista contemplaba para este fin 30 millones de euros. Con esa cifra de inversión tan pequeña es evidente que no podrán sacar adelante muchos de los proyectos que ya estaban listos para llevarse a cabo. Como ejemplo, se puede citar el caso del conservatorio de danza, para el que han consignado 300.000 euros, o el CEIP de Almerimar, al que le han asignado 187.000 euros cuando las obras están valoradas en más de tres millones.
Estas cuentas, además, maltratan a los trabajadores públicos, ya que no se cumplirán los acuerdos que había alcanzado con ellos el anterior gobierno socialista, como la recuperación de la paga extra de 2013 y 2014 o las medidas de acción social y conciliación familiar. Por si fuera poco, los papeles que ha llevado el Gobierno andaluz al Parlamento carecen de toda credibilidad, como lo demuestra
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