En lugar de fortalecer los servicios sociales, dándoles más recursos, en un contexto de crisis como el que sufrimos con la covid-19, Moreno Bonilla ha decidido aplicarles la peor de las recetas posibles: recortar y paralizar los presupuestos para atender a quienes más lo necesitan en este momento y abandonar a su suerte a la consejera encargada de la política social, enfrentada dentro de Ciudadanos con el vicepresidente de la Junta de Andalucía.
Una de las consecuencias de esto la encontramos en el retraso y la eliminación de la convocatoria de las ayudas para programas de garantía alimentaria destinados a personas con escasos recursos, mayores de 65 y también para menores de edad. A estas alturas, estas ayudas creadas por el anterior Gobierno socialista ya se habían convocado sin sufrir una pandemia. Este año aún no se han convocado, y lo peor es que algunas no se van a convocar y desaparecerá el servicio.
De otro lado, la decisión del Gobierno de PP y Cs de crear la conocida como ‘tarjeta monedero’, sin ampliar el presupuesto de la Consejería de Igualdad para ello, ha supuesto un recorte de más de 6 millones en el presupuesto de la Junta de Andalucía para las ayudas que anualmente convocaba en materia social. Han desnudado un santo para vestir otro y las entidades de discapacidad, programas de mujeres y garantía alimentaria ya lo han sufrido, en forma de recortes.
Lo peor de todo es que el Gobierno andaluz lleva 90 días de estado de alarma, con los servicios sociales sometidos a un estrés brutal, sin convocar esas ayudas de garantía alimentaria y sin entregar una tarjeta monedero, eso sí, utilizando la covid-19 como excusa para la mercantilización de los servicios sociales, con la prueba piloto que constituyen las tarjetas monedero, que ni son eficaces porque hay otros recursos más favorables para sus potenciales demandantes, ni garantizan la universalidad, como han señalado los profesionales de los servicios sociales. Así, entre otras cosas, las personas interesadas en la tarjeta monedero que residan en 95 de los 103 municipios de la provincia de Almería no van a encontrar a la entidad que las gestiona, al carecer ésta de presencia física esos 95 municipios, con lo fácil que lo habría tenido el Gobierno de Moreno Bonilla si hubiera decidido apoyarse en los ayuntamientos y en la red de servicios sociales comunitarios, que sí están en los 103 municipios de la provincia.
En materia de protección social, el Gobierno andaluz tiene un espejo en el que mirarse en el Gobierno de España, un gobierno que está protegiendo a las personas con un gran escudo social durante la pandemia, que aporta más presupuesto a las políticas sociales, que cuenta con los ayuntamientos y los profesionales de los servicios sociales y que ha sumado 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital, un claro ejemplo en nuestro país para avanzar en igualdad y en política social.
El Gobierno de Moreno Bonilla está en otras cosas y, por increíble que parezca, tampoco piensa en sumar con el ingreso mínimo vital, como lo demuestra que haya dado la orden de paralizar las solicitudes de la renta mínima que otorga la Junta, buscando la manera de regatearle ese dinero a las políticas sociales en Andalucía.
En este tipo de marrullerías indecentes está el mando único de Moreno Bonilla: recortando las políticas sociales y utilizando la covid-19 como excusa para abrir las puertas de los servicios sociales a la mercantilización, en lugar de darles más presupuesto, fortaleciendo con ello la red pública de los servicios sociales comunitarios. Seguimos.
Una de las consecuencias de esto la encontramos en el retraso y la eliminación de la convocatoria de las ayudas para programas de garantía alimentaria destinados a personas con escasos recursos, mayores de 65 y también para menores de edad. A estas alturas, estas ayudas creadas por el anterior Gobierno socialista ya se habían convocado sin sufrir una pandemia. Este año aún no se han convocado, y lo peor es que algunas no se van a convocar y desaparecerá el servicio.
De otro lado, la decisión del Gobierno de PP y Cs de crear la conocida como ‘tarjeta monedero’, sin ampliar el presupuesto de la Consejería de Igualdad para ello, ha supuesto un recorte de más de 6 millones en el presupuesto de la Junta de Andalucía para las ayudas que anualmente convocaba en materia social. Han desnudado un santo para vestir otro y las entidades de discapacidad, programas de mujeres y garantía alimentaria ya lo han sufrido, en forma de recortes.
Lo peor de todo es que el Gobierno andaluz lleva 90 días de estado de alarma, con los servicios sociales sometidos a un estrés brutal, sin convocar esas ayudas de garantía alimentaria y sin entregar una tarjeta monedero, eso sí, utilizando la covid-19 como excusa para la mercantilización de los servicios sociales, con la prueba piloto que constituyen las tarjetas monedero, que ni son eficaces porque hay otros recursos más favorables para sus potenciales demandantes, ni garantizan la universalidad, como han señalado los profesionales de los servicios sociales. Así, entre otras cosas, las personas interesadas en la tarjeta monedero que residan en 95 de los 103 municipios de la provincia de Almería no van a encontrar a la entidad que las gestiona, al carecer ésta de presencia física esos 95 municipios, con lo fácil que lo habría tenido el Gobierno de Moreno Bonilla si hubiera decidido apoyarse en los ayuntamientos y en la red de servicios sociales comunitarios, que sí están en los 103 municipios de la provincia.
En materia de protección social, el Gobierno andaluz tiene un espejo en el que mirarse en el Gobierno de España, un gobierno que está protegiendo a las personas con un gran escudo social durante la pandemia, que aporta más presupuesto a las políticas sociales, que cuenta con los ayuntamientos y los profesionales de los servicios sociales y que ha sumado 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital, un claro ejemplo en nuestro país para avanzar en igualdad y en política social.
El Gobierno de Moreno Bonilla está en otras cosas y, por increíble que parezca, tampoco piensa en sumar con el ingreso mínimo vital, como lo demuestra que haya dado la orden de paralizar las solicitudes de la renta mínima que otorga la Junta, buscando la manera de regatearle ese dinero a las políticas sociales en Andalucía.
En este tipo de marrullerías indecentes está el mando único de Moreno Bonilla: recortando las políticas sociales y utilizando la covid-19 como excusa para abrir las puertas de los servicios sociales a la mercantilización, en lugar de darles más presupuesto, fortaleciendo con ello la red pública de los servicios sociales comunitarios. Seguimos.
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