Con frecuencia, cuando los responsables públicos y políticos queremos trasladar a la ciudadanía la envergadura de un proyecto o de una iniciativa pública nos empecinamos en ofrecer las grandes cifras invertidas, el montante de kilómetros que ocupa, el plazo de ejecución previsto, u otros datos que aunque puedan resultar apabullantes, suelen dejar fríos a quienes los escuchan. Y es que la dimensión social de una decisión política pasa en gran medida desapercibida, por ejemplo, el empleo directo e indirecto que va a generar una obra pública, el tiempo que se mantendrá este empleo, el grado de formación que demanda o la repercusión que puede tener una infraestructura de comunicación para la economía del territorio al que presta servicio.
Vivimos un tiempo que requiere que se ponga en valor la cara social de las decisiones políticas, su repercusión directa e inmediata para las personas. Sólo así conseguiremos que la ciudadanía se sienta realmente implicada y afectada por lo que supone ese proyecto público. La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas sometidas a los intereses de la economía.
Esta semana, sin ir más lejos, se ha firmado el convenio del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que permite a muchos trabajadores y trabajadoras alcanzar las peonadas que necesitan para tener una cobertura social por desempleo, algo que tiene un enorme interés social para los ciudadanos desempleados de las zonas rurales, a la vez que indirectamente se financia a los ayuntamientos permitiéndoles que con el trabajo de estas personas, a quienes les paga el Gobierno de España. Este programa garantiza unos ingresos a las familias en sus propios municipios y también se mejoran nuestros pueblos sin coste para las arcas locales. Este año el PFEA creará 5.500 empleos y 140.000 jornales en nuestra provincia. El PP, durante la etapa de Gobierno de Aznar, quiso poner fin este Programa de empleo agrario, incluso hoy responsables nacionales del PP hablan con desprecio de Andalucía por mantenerlo. Pero desde el PSOE hemos decidido mantenerlo y además estamos trabajando para que sus trabajadores del Régimen Especial Agrario se integren en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que les beneficiará en las pensiones de mañana.
Otro ejemplo de la importancia social de las iniciativas políticas lo podemos apreciar en la Autovía del Almanzora, que generará casi 2.500 empleos directos e indirectos, durante los años de ejecución y en el mantenimiento de la infraestructura. El personal al que está dando empleo la Autovía del Almanzora tiene una cualificación de diversa escala, desde titulados universitarios para la dirección técnica de los trabajos, hasta personas que manejan maquinaría. La repercusión para la economía de la zona durante la ejecución de la obra es muy importante, ya que requiere tanto suministro de combustible como talleres mecánicos, espacios para el alojamiento y la alimentación de los trabajadores, suministro de materiales, y muchos otros servicios.
De igual forma, la decisión de la Junta de buscar soluciones a las viviendas irregulares es también un asunto de gran transcendencia social, supone una respuesta ante la intranquilidad e inseguridad jurídica de los propietarios de estos inmuebles y sus familias, en algo que es tan esencial como el lugar donde vives y donde has invertido tu dinero. Esta es una medida que no implica una inversión pública demasiado alta, pero que tiene una repercusión social de primer orden para los propietarios, que no pueden acogerse a la Ley, ni realizar transmisiones de la propiedad o alquilar e hipotecar su vivienda, y también para los Ayuntamientos que no saben cómo actuar con este tipo de edificaciones.
Las personas siempre deben estar en el corazón de las decisiones políticas y para ello es imprescindible que también estén las personas en el corazón de los que toman las decisiones y en el de quienes las ejecutan. La empatía debemos convertirla en deporte nacional.
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