Rajoy ha iniciado una nueva demolición, la de nuestro sistema público de salud. Directamente ha cogido el pico y la pala, o mejor dicho, ha mandado a los suyos que cojan el pico y la pala para derribar uno de los pilares del Estado del Bienestar más apreciado por los ciudadanos, la Sanidad. El Gobierno -bajo la coartada de la crisis- ha iniciado el cambio de modelo que tenemos, con la pretensión final de llevarnos a un modelo donde cada uno tenga la Sanidad que se pueda pagar, acabando para ello con la universalidad y gratuidad de la prestación sanitaria. De entrada, a partir de ahora, sólo tendrán tarjeta sanitaria quienes coticen a la seguridad social, más los pensionistas y los parados (los que ya hayan cotizado antes). El resto de ciudadanos tendrán que acreditar ingresos insuficientes para tener derecho a la sanidad pública.
Esta ocurrencia nos lleva a que, por ejemplo, los jóvenes mayores de 26 años que no hayan accedido a su primer empleo no tengan derecho a asistencia sanitaria gratuita y la tengan que pagar, a no ser que puedan acreditar que no superan un límite de ingresos determinado. En ese caso, tendrán que pedirlo expresamente y esperar a que se les conceda una especie de “carnet de pobre”. Los trámites serán engorrosos para las personas que se estén preparando unas oposiciones e injustificables para quién haya concluido sus estudios pero no tenga aún un empleo. El Gobierno tiene que aclarar, además, cómo afecta esta nueva normativa a las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la seguridad social.
Las medidas del Gobierno del PP excluyen a los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria, aunque se mantiene la de urgencias, embarazo, parto y post-parto y menores de 18 años. Esta exclusión supone un ahorro poco relevante, pero tendrá un coste enorme en salud y en solidaridad, porque dejarán de ser atendidos pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas. Es por tanto, una medida ineficaz que, además, sólo va a conseguir que hasta las gripes se traten en urgencias.
Aunque Rajoy y la Ministra Ana Mato lo han negado una y mil veces, en el Real Decreto se establece el copago sanitario. Este cambio pone una barrera real a los pacientes más vulnerables para el acceso a novedades y a prestaciones necesarias y también penaliza a aquellos que viven en el ámbito rural o lejos de su centro de atención sanitaria, por el copago en el transporte. Además, todos los ciudadanos –incluidos los pensionistas- tendrán que pagar por cosas que hasta ahora no pagaban si las necesitaban como las prótesis externas (collarines, férulas, muletas, sillas de ruedas, etc.) por el transporte sanitario no urgente y por los productos dietéticos terapéuticos.
Se inicia así un sistema de copago que el Gobierno ha impuesto a los pensionistas, por primera vez en España, un impuesto en toda regla que debes pagar por padecer una enfermedad. Se trata, en definitiva, de medidas improvisadas, injustas e ineficaces. Injustas porque castigan especialmente a los sectores más vulnerables, es decir, a los pensionistas y porque el peso de la crisis vuelve a recaer en las clases medias trabajadoras, que tendrán que pagar más. Ineficientes e improvisadas porque lo único que van a provocar estos recortes es empeorar la salud de los españoles.
Por lo tanto, un derecho de todos los ciudadanos, que hasta ayer era universal y gratuito, ahora ya no lo es en virtud de un Decreto Ley de Rajoy y su particular “empresa de derribos” -que es en lo que se han convertido los gobernantes del Partido Popular. Por cierto, ¿habrán consultado están medidas con sus votantes?
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