El precio de la salud

Hace casi un año, el tiempo que el Partido Popular lleva gobernando el país, que la salud sí tiene precio. Bueno, en realidad, empezaba a ser un bien mercantil desde antes en las comunidades en los que los populares ya habían aterrizado en sus gobiernos, lo que pasa es que ahora la relación dinero-sanidad se ha hecho más evidente que nunca. El último despropósito en esta materia se está viviendo en Madrid donde el delfín de Esperanza Aguirre en esa comunidad ya ha anunciado que seguirá los pasos de los catalanes y que a partir de enero cobrarán un euro por receta cuando los ciudadanos vayan a adquirir sus medicamentos.

Parece ser que no sirven de mucho para replantearse esa decisión las opiniones contrastadas de los profesionales sanitarios de Cataluña que ya han advertido de que hay enfermos que están dejando de tomar algunos fármacos porque no pueden pagarlos. El déficit, el ahorro y la austeridad están por encima del bienestar de los ciudadanos, del derecho más básico que cualquier persona puede tener en un estado democrático: La atención sanitaria.

Y si esos argumentos tan reales, tan sensibles y directos no pueden hacer mella en el afán recaudador de los populares, menos lo hará aún el posicionamiento legal que ya ha mostrado el Consejo de Estado al respecto. Considera el Consejo, y muy claro lo ha dicho esta misma semana, que esta tasa es inconstitucional ya que, como venimos defendiendo los socialistas, supone introducir factores de desigualdad en la protección básica de la salud e invade la parcela que reserva la Constitución al Estado sobre las grandes líneas referidas a la ordenación de la materia de salud en España.

Un marco nacional que también se tambalea con los recortes impulsados por la ministra popular Mato después de que su jefe, Mariano Rajoy, se lo pidiera por la salud de los mercados: El copago sanitario que ha elevado el porcentaje que se abona por los medicamentos con receta de la sanidad pública y que ha acabado con los fármacos gratis para pensionistas, la supresión de la financiación pública de 400 medicamentos del listado de subvencionados y que ahora se pagan íntegramente por los enfermos o la falta de atención a extranjeros residentes en el país.

Mientras que el PP cierra hospitales como el madrileño de Princesa y hace pagar a los más débiles las consecuencias de una crisis que no provocaron, la dirigente que susurra al oído de Rajoy las órdenes a ejecutar, Ángela Merkel, retira el copago instaurado en 2004 en su país. Pero, claro, allí tocan elecciones este año y los alemanes, en eso como los españoles, siguen creyendo que la salud no tiene precio.