El ladrillazo de la derecha

Las primeras figuras del PP de Almería se han dedicado esta semana a la innoble tarea de despotricar contra todo lo que no lleve la firma de su partido, sin preocuparse de si lo aprobado beneficia o no al interés general. La polémica ha venido a cuento, esta vez, de la decisión que tomó el Gobierno andaluz, el pasado martes, de aprobar un decreto-ley de medidas urgentes para proteger los espacios no urbanizados del litoral. Este decreto prevé, entre otras cosas, la elaboración de un Plan de Protección del Corredor Litoral.

El objetivo de este Plan no es otro que garantizar la protección medioambiental de la franja más próxima a la costa, los primeros 500 metros, pero también su puesta en valor, manteniendo libres de urbanización los espacios que no estén edificados y que no sean necesarios para la normal expansión de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Es decir, al objetivo medioambiental de evitar la pérdida de ecosistemas, hay que sumarle un clarísimo objetivo económico, puesto que el desarrollo ordenado y sostenible del suelo es un activo de primera magnitud para la competitividad de Andalucía.

La creación de riqueza pasa hoy por la calidad y la sostenibilidad, y cerrar los ojos a esta realidad, como pretenden hacer los alcaldes almerienses del PP, no puede interpretarse sino como una evidente muestra de irresponsabilidad al querer volver al modelo del ladrillazo, a ese modelo que ya sabemos a dónde nos ha llevado: a una crisis sin precedentes, de la que no saldremos a lomos de especuladores sin escrúpulos, y que están pagando todos y cada uno de los ciudadanos con más impuestos y recortes de derechos.

El PP se equivoca cuando pretende construir a toda costa. Y, además, falta a la verdad cuando da a entender que la Junta de Andalucía está cambiando, de repente, las normas de juego. El nuevo decreto-ley no suspende ni paraliza el crecimiento de los municipios, como se ha dicho, sino que establece, simplemente, la obligación de que los ayuntamientos adapten sus planeamientos urbanísticos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Por lo tanto, serán únicamente los municipios restantes los que tendrán que esperar seis meses para poder tramitar los suelos urbanizables de su litoral, hasta que se elabore el Plan de Protección del Litoral y se garantice que los desarrollos urbanísticos que quieran acometer cumplen con la ley. Además, la nueva norma facilita y acorta el tiempo en la tramitación por parte de los ayuntamientos de los informes sectoriales necesarios para llevar a cabo estas adaptaciones. ¿Dónde está el problema entonces? Es fácil de adivinar: En el ladrillo y en el cemento con los que tantos negocios ha hecho la derecha y que se resiste a abandonar.