Hace siete años un grupo de valientes, veinte vecinos y vecinas de Roquetas de Mar, la mayoría militantes socialistas, al comprobar que su alcalde había cometido graves irregularidades en la construcción del Teatro Auditorio, dieron un paso al frente y presentaron una querella criminal contra Gabriel Amat. También hace siete años, los concejales socialistas de Roquetas de Mar decidieron impugnar ante los Juzgados de lo contencioso administrativo, el acuerdo ilegal que tomó Gabriel Amat para justificar el gasto adicional de 8 millones de euros en las obras del Teatro Auditorio. Con esta impugnación en vía contencioso administrativa y con la querella criminal, había dos procesos abiertos a la misma vez que tenían estrecha relación, ya que si era legal lo hecho por Amat no había motivo para la vía penal, pero si era ilegal entonces sí había que ver si existía responsabilidad penal por parte de Gabriel Amat.
Por ese motivo, el Juzgado que instruía la querella criminal acordó dejar el proceso penal en suspenso hasta que los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo decidieran sobre la legalidad o no de lo hecho por Amat. En decidir si había legalidad o ilegalidad en lo hecho en aquella actuación se han tardado siete años y por eso siete años después el tema vuelve a ponerse de actualidad, porque no estaba “muerto” estaba sobreseído provisionalmente, esperando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya se ha producido.
Siete años después, ¿Qué ha dicho esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? Pues que efectivamente, se cometieron una serie de ilegalidades, que hacen nulo el acuerdo tomado hace siete años por el Sr. Amat y que con todo lujo de detalles explican los magistrados en la Sentencia que pueden leer en la web del PSOE de Almería www.psoealmeria.com, o en mi perfil de Facebook o Twitter. Precisamente porque los jueces han dicho que si había ilegalidad, es por lo que ahora después de siete años toca ver en vía penal las responsabilidades penales que puedan existir.
En la Sentencia que ustedes pueden leer, el TSJA ha reconocido la ilegalidad del acuerdo por el que se aumentó el precio de las obras del Teatro Auditorio en más del doble del precio adjudicado inicialmente, al pasar de 7 millones de euros a costar más de 15,4 millones. Dicho acuerdo fue adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por Gabriel Amat, a pesar del informe en contra del secretario de la Corporación, del informe en contra del Interventor, que decía que no había dinero para afrontar el sobrecoste del proyecto - de más de 8 millones de euros - y hasta un informe negativo del Consejo Consultivo de Andalucía. Por supuesto, ese desvío de 8 millones de euros, los adjudicó a dedo, sin licitación pública y sin posibilidad de que se hiciera por menos dinero. Además, dicho acuerdo, por el que se aprobó el modificado de las obras, se adoptó el 16 de diciembre de 2003, apenas 15 días antes de la inauguración del Teatro, lo que demuestra que las obras de ampliación ya se habían realizado cuando se tomó el acuerdo, como refleja la Sentencia.
Que Amat actúo en este asunto de forma ilegal no solo lo digo yo, lo han dicho los Jueces. Eso hace que este asunto huela muy mal, tremendamente mal. Soy consciente del problema con el que se encuentran ahora los dirigentes del Partido Popular en Almería, que saben que no se hicieron bien las cosas en este asunto y que también saben que el PSOE va a llegar hasta el final en este asunto, aunque para eso tengamos que esperar algunos años más.
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