El Gobierno de Rajoy está conduciendo inexorablemente a la sociedad española a un callejón sin salida. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pone de relieve el pesimismo económico reinante entre la ciudadanía, ya que nueve de cada diez personas tildan de mala o muy mala la coyuntura económica. A esta situación hemos llegado como consecuencia de las erráticas medidas económicas y sociales que viene tomando el Partido Popular y que nos sitúan en el disparadero de una profunda recesión, más honda y más impredecible de la que padecemos en estos cruciales momentos de nuestra historia. Todo esto parece reiterativo, ya contado, pero tan lamentable como cierto. Y es esa responsabilidad que tenemos ante los ciudadanos, a quienes nos debemos, la que nos conduce a denunciar cuántas veces sea necesario las decenas de compromisos incumplidos por parte del Gobierno de Rajoy y el daño que sus decisiones están causando.
A este escenario hemos llegado a golpes y a empujones. A golpes de decretos y a empujones que tumban derechos. La última decisión que pone de manifiesto esta situación la ha ejecutado Rajoy contra los pensionistas al hacer público lo que tenía decidido desde hace tiempo pero que no ha dado a conocer hasta que han pasado las recientes citas electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña. Es decir, ha utilizado la misma táctica que en Andalucía cuando no quiso presentar los presupuestos hasta después de las elecciones del 25 de marzo. En estas circunstancias, Rajoy no tiene otra salida que pedir perdón a los millones de pensionistas a los que ha engañado durante meses. Tiene que pedir perdón, por ese engaño, y por haberles subido el IRPF y el IVA, ponerles el copago farmacéutico y quitarles la Ley de dependencia, lo que ha supuesto reducir las pensiones hasta un 15% para algunos perceptores.
Ahora ya sabemos que los 95.000 pensionistas de nuestra provincia tendrán que afrontar pérdidas que van de los 286 euros para las pensiones más bajas, hasta los 1.140 euros de las más altas, por lo que dejaremos de recibir el próximo año más de 34 millones de euros en este concepto por la decisión del Gobierno de no actualizar ni revalorizar las pensiones. La repercusión de esta medida va más allá del “roto” que se le hace en sus ingresos a los pensionistas, puesto que también supone poner menos dinero en circulación, lo que hará que retroceda aún más el consumo en nuestra provincia.
Esta medida, en una época como en la que estamos, tendrá indudablemente serias repercusiones en la actividad económica, puesto que se perderá ese dinero destinado a consumir en los comercios, en servicios o en ayudar a la familia para esas mismas cuestiones. Estamos, por lo tanto, ante una mala decisión que nos conduce a una recesión aún mayor, a un bucle sin salida. Ni la reforma laboral ni el resto de medidas aprobadas por el Gobierno central en materias como sanidad, dependencia, educación o servicios sociales han servido para sacarnos de esta crisis, para reactivar la economía o para crear empleo.
En todo esto, sin embargo, hay algo aún más perverso: la aprobación de una moción en el Congreso hace poco más de un mes, con los votos a favor del Partido Popular, entre los que se incluyeron el de la vicepresidenta del Gobierno o el de la ministra de Empleo y en la que se acordaba compensar la subida del IPC. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, defendía esta marcha atrás con el impresentable argumento de que todo es parte de “un juego de trampas parlamentarias, muy interesante y muy bonito”. El Gobierno tampoco se ha quedado atrás al decir que esta decisión es consecuente con la necesidad de cumplir con los objetivos de reducción del déficit, algo sin duda mucho más necesario y más noble – debe de pensar Rajoy – que cumplir con las personas.
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