El recurso contra el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda que ha presentado el Gobierno del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional es un nuevo ataque al autogobierno de Andalucía y una vergonzosa demostración de que la derecha vuelve a ponerse del lado de los que más tienen. Ante esta intolerable actitud, el PP tiene que explicar qué pactó con la banca cuando le inyectó 41.000 millones de euros para que ahora quiera dejar a su suerte a las familias andaluzas que peor lo están pasando y no molestar a los poderosos.
El Gobierno andaluz, sin embargo, no va a dar marcha atrás en su defensa de las familias más castigadas por la crisis y la mala gestión que el PP está haciendo de ella. La expropiación temporal de viviendas en procedimientos de desahucio es una medida excepcional para casos excepcionales y tiene un sólido anclaje jurídico y constitucional. Da respuesta a la vulneración del derecho a una vivienda digna y, con ella, la sociedad andaluza avanza en su lucha contra la exclusión social. Por lo tanto, el Gobierno de Rajoy no lo recurre por su falsa inconstitucionalidad, sino porque deja en evidencia su incompetencia para proteger a las familias españolas.
Andalucía es un testigo incómodo de las políticas inhumanas y antisociales del gobierno de mariano Rajoy, que desde su llegada a la Moncloa ha cerrado filas en torno a la asfixia económica y los recortes en derechos e igualdad de oportunidades. Al recurso contra el Decreto de vivienda, y desde el inicio de la legislatura, se suman los interpuestos contra la incompatibilidad de alcaldes y diputados autonómicos reflejada en la Ley electoral andaluza; la subasta de medicamentos, que ha recurrido hasta en tres ocasiones y que nos permitiría ahorrar 200 millones de euros al año, y el proceso de selección de más de dos mil trescientas plazas para cuerpos docentes no universitarios. El Gobierno de Rajoy retuerce de esta manera la Constitución para interpretarla en sentido negativo y agresivo para los intereses de Andalucía y los andaluces. Estos recursos presentados por el PP se suman también a la reciente negativa del Gobierno de Rajoy a reconocerle a Andalucía, a todos los andaluces y andaluzas, la deuda de más de 1500 millones de euros contraída por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.
Esta es la realidad que estamos viviendo: Mientras los socialistas nos comprometemos con la ciudadanía, la defensa del estado del bienestar y los sistemas públicos de sanidad y educación, la derecha antepone el interés de unos pocos al interés colectivo, ahoga nuestro crecimiento social y económico y demuestra un rencor infinito hacia nuestra tierra.
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