El Gobierno de Rajoy ha vuelto a imponer esta semana su rodillo para seguir adelante con la reforma local que deja sin competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes; es decir, a la gran mayoría de los pueblos de nuestra provincia. El rechazo en el Congreso a las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, permite su trámite en las Cortes sin cambiar ni una sola coma de lo previsto, lo que en la práctica supondrá empeorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de esos municipios, asestar un duro golpe a sus servicios de proximidad y dibujar el camino de la privatización, arrojando al paro a unas 4.000 personas en Almería.
La fórmula es bien sencilla de comprender. Despojando a los ayuntamientos de esa capacidad de ayudar a sus vecinos, se traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de dar respuesta a sus problemas pero, eso sí, sin destinar ni un euro más al presupuesto de las mismas. ¿Alguien puede creerse que, de ese modo, se va a dar una respuesta y unos servicios de calidad?
Mientras tanto, a las grandes ciudades –gobernadas por el PP- que son las que realmente acumulan la deuda creada por las administraciones locales se las exime de ese planteamiento ideológico al mismo tiempo que se refuerza el papel de las Diputaciones –qué casualidad, también gobernadas en su mayoría por el PP en España- en la prestación de los servicios que dejan dinero a las grandes empresas del país, como la basura, la limpieza y el abastecimiento de agua.
Está tan claro que lo único que se pretende con una norma con la que, además, se impone un ahorro de 8.000 millones de euros hasta 2015, es desmantelar el sistema público de atención a los ciudadanos -privatizando los servicios y ralentizando o impidiendo, directamente, dar una solución a las personas que necesitan de ayuda y pagan impuestos por unas prestaciones- que hasta los propios alcaldes populares de Galicia, Castilla y León y Madrid se han pronunciado en contra.
Entre tanto, en Almería, los alcaldes socialistas se han concentrado ante las puertas de sus ayuntamientos para alertar a la sociedad de lo que se nos viene encima. Su voz, que es la de los ciudadanos a los que representan, se ha escuchado para decir alto y claro que nuestros pueblos no necesitan esta intervención encubierta sino una verdadera reforma que incluya una mejor financiación, porque ahí radica el verdadero problema.
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