Privatización y negocio

El Partido Popular ha dado un paso más esta semana en el desmantelamiento de los ayuntamientos de nuestra provincia –y del resto del país- al rechazar todas las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición al proyecto de ley de la reforma local, justificando su decisión en una falsa acepción de eficacia administrativa que, en realidad, es un eufemismo con el que tapar lo que realmente andan buscando desde que comenzaron a idear este engendro de contrarreforma: la privatización y el negocio.

La reforma local de la derecha de este país, que a partir de ahora seguirá su tramitación en las Cortes Generales, deja sin competencias en materia social a los municipios de menos de 20.000 habitantes, 75 en Almería con más de 92.000 habitantes. La fórmula es bien sencilla de comprender. Despojando a los ayuntamientos de esa capacidad de ayudar a sus vecinos, se traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de dar respuesta a sus problemas pero, eso sí, sin destinar ni un euro más al presupuesto de las mismas. ¿Alguien puede creerse que, de ese modo, se va a dar una respuesta y unos servicios de calidad?

Mientras tanto, a las grandes ciudades –gobernadas por el PP- que son las que realmente acumulan la deuda creada por las administraciones locales se las exime de ese planteamiento ideológico al mismo tiempo que se refuerza el papel de las Diputaciones –qué casualidad, también gobernadas en su mayoría por el PP en España- en la prestación de los servicios que dejan dinero a las grandes empresas del país tales como la basura, la limpieza y el abastecimiento de agua.

Está tan claro que lo único que se pretende con una norma con la que, además, se impone un ahorro de 8.000 millones de euros hasta 2015, es desmantelar el sistema público de atención a los ciudadanos -privatizando los servicios y ralentizando o impidiendo, directamente, dar una solución a las personas que necesitan de ayuda y pagan impuestos por unas prestaciones- que hasta los propios alcaldes populares de Galicia, Castilla y León y Madrid se han pronunciado en contra.

Ante ese panorama que, encima, estimamos que podrá destruir hasta 4.000 empleos en Almería, los alcaldes del PSOE protagonizaron el mismo día en el que la Ley salía adelante en el Congreso de los Diputados concentraciones ante las puertas de sus ayuntamientos para alertar a la gente de lo que se le viene encima. Y seguiremos sin parar en nuestro empeño por garantizarles a todos los ciudadanos los servicios de proximidad de los que ahora disfrutan y que esta reforma se llevará por delante.

Por ello, desde el PSOE ya hemos avanzado que recurriremos esta contrarreforma ante el Tribunal Constitucional y que la derogaremos en cuanto volvamos al gobierno –con el consenso de la mayoría de partidos, que también se oponen a la misma-. Porque nuestros pueblos no necesitan esta intervención encubierta sino una verdadera reforma que incluya una mejor financiación para que la gente –esa que paga religiosamente sus impuestos- siga pudiendo tocar a la puerta de su ayuntamiento y dirigirse a su alcalde con la garantía de que se atenderán sus problemas.