Este 28 de febrero los andaluces tenemos de nuevo la oportunidad de hacer balance de lo que llevamos ganado en los 37 años que han transcurrido desde que aprobamos en referéndum nuestro acceso a la autonomía. Este año, además, hay otra efeméride destacada: se cumplirán 40 años de la movilización ciudadana con la que el pueblo andaluz había iniciado el camino de la autonomía tres años antes, con las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977.
Con aquel proceso de autonomía de principios de los 80, Andalucía se levantó como sujeto político y obligó a que la descentralización del país –que hasta entonces se había concebido desde una óptica elitista– se generalizara. Nos convertimos, pues, en garantes de la igualdad entre todos los españoles.
En estos 37 años, la autonomía ha tenido una repercusión más que positiva para los andaluces. En 1981 estábamos muy lejos del resto de España, con una tasa de analfabetismo, por ejemplo, que triplicaba la del conjunto del país. A día de hoy, la tasa bruta de graduación universitaria en nuestra comunidad equivale a la media de España.
En este tiempo hemos conseguido mucho, pero no podemos conformarnos. En este sentido, es de agradecer que el Gobierno andaluz tenga clara su hoja de ruta, la cual pasa por fortalecer los cimientos del Estado de Bienestar, cuyo rostro más visible son nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros colegios e institutos y nuestros centros de día.
Andalucía puede presumir de ser la comunidad autónoma que más dependientes atiende en toda España, pero no se conforma: el Gobierno de Susana Díaz ya ha anunciado un plan de choque para incorporar a nuevos dependientes y seguir reforzando el liderazgo nacional, toda una hazaña si se tiene en cuenta que la Junta esté financiando este servicio prácticamente a pulmón, pese a que el Estado está obligado por ley a aportar el 50%.
Es cierto que el desempleo sigue siendo un lastre para que Andalucía despliegue todo su potencial, pero el futuro resulta esperanzador, ya que estamos bajando las cifras de paro a más velocidad que el resto de España.
Todo ello se está consiguiendo –hay que recordarlo– a pesar del agravio que padecemos los andaluces en el reparto de la financiación y de las prácticas insolidarias que realizan otras comunidades autónomas y a las que habría que poner fin cuanto antes, como es el caso del ‘dumping’ fiscal.
Como reza la leyenda de nuestro escudo autonómico y reafirma la letra de nuestro himno, Andalucía no sólo trabaja “por sí”, sino también “para España y la Humanidad”. Por eso, la búsqueda de la libertad y la igualdad no sólo debe producirse de puertas hacia dentro.
España tiene un importante reto por delante: resolver las tensiones territoriales que se han producido en los últimos tiempos. Y, en ese contexto, Andalucía está llamada a jugar un papel protagonista, impulsando un pacto federal, cooperativo y social, basado en el reconocimiento y en el respeto de las singularidades de los distintos territorios, en la solidaridad y en la igualdad.
Este 28 de febrero debe ser una jornada en la que reflexionemos sobre estas cuestiones y en la que mantengamos viva la llama reivindicativa, especialmente en un año en el que, además, se cumple una década de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2007 que nos permitió blindar servicios públicos esenciales como la salud y la educación para afrontar la crisis económica con las máximas garantías.
Con aquel proceso de autonomía de principios de los 80, Andalucía se levantó como sujeto político y obligó a que la descentralización del país –que hasta entonces se había concebido desde una óptica elitista– se generalizara. Nos convertimos, pues, en garantes de la igualdad entre todos los españoles.
En estos 37 años, la autonomía ha tenido una repercusión más que positiva para los andaluces. En 1981 estábamos muy lejos del resto de España, con una tasa de analfabetismo, por ejemplo, que triplicaba la del conjunto del país. A día de hoy, la tasa bruta de graduación universitaria en nuestra comunidad equivale a la media de España.
En este tiempo hemos conseguido mucho, pero no podemos conformarnos. En este sentido, es de agradecer que el Gobierno andaluz tenga clara su hoja de ruta, la cual pasa por fortalecer los cimientos del Estado de Bienestar, cuyo rostro más visible son nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros colegios e institutos y nuestros centros de día.
Andalucía puede presumir de ser la comunidad autónoma que más dependientes atiende en toda España, pero no se conforma: el Gobierno de Susana Díaz ya ha anunciado un plan de choque para incorporar a nuevos dependientes y seguir reforzando el liderazgo nacional, toda una hazaña si se tiene en cuenta que la Junta esté financiando este servicio prácticamente a pulmón, pese a que el Estado está obligado por ley a aportar el 50%.
Es cierto que el desempleo sigue siendo un lastre para que Andalucía despliegue todo su potencial, pero el futuro resulta esperanzador, ya que estamos bajando las cifras de paro a más velocidad que el resto de España.
Todo ello se está consiguiendo –hay que recordarlo– a pesar del agravio que padecemos los andaluces en el reparto de la financiación y de las prácticas insolidarias que realizan otras comunidades autónomas y a las que habría que poner fin cuanto antes, como es el caso del ‘dumping’ fiscal.
Como reza la leyenda de nuestro escudo autonómico y reafirma la letra de nuestro himno, Andalucía no sólo trabaja “por sí”, sino también “para España y la Humanidad”. Por eso, la búsqueda de la libertad y la igualdad no sólo debe producirse de puertas hacia dentro.
España tiene un importante reto por delante: resolver las tensiones territoriales que se han producido en los últimos tiempos. Y, en ese contexto, Andalucía está llamada a jugar un papel protagonista, impulsando un pacto federal, cooperativo y social, basado en el reconocimiento y en el respeto de las singularidades de los distintos territorios, en la solidaridad y en la igualdad.
Este 28 de febrero debe ser una jornada en la que reflexionemos sobre estas cuestiones y en la que mantengamos viva la llama reivindicativa, especialmente en un año en el que, además, se cumple una década de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2007 que nos permitió blindar servicios públicos esenciales como la salud y la educación para afrontar la crisis económica con las máximas garantías.
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