Manifestación de profesores en Madrid. www.elpais.com |
Con el inminente inicio del curso escolar, la política de recortes sociales que aplica el Partido Popular allí donde gobierna ha empezado a hacerse visible con toda su crudeza, en el fondo y en las formas. Primero, con el ‘tijeretazo’ de Cospedal en Castilla-La Mancha, que de haberse aplicado en Andalucía habría supuesto el despido de 4.500 profesores de Secundaria. Después, con la falta de respeto del Gobierno ‘popular’ de Esperanza Aguirre en Madrid, donde los profesores de la enseñanza pública han sufrido el desprecio por parte de aquellos que, en teoría, deberían ser los primeros defenderlos: la presidenta de la Comunidad y su consejera de Educación.
Con la excusa del endeudamiento, del déficit, de la deuda, la derecha está encontrando la justificación para desmantelar y vender por piezas el Estado de Bienestar, para que sus élites empresariales hagan negocio con lo que sea rentable, a costa de retroceder en la igualdad de oportunidades que ha sido la que ha permitido que tengamos hoy en día la clase media a la que pertenecemos la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, sin que los más desfavorecidos se vean abandonados a su suerte, por el egoísmo y el desprecio de los que más tienen.
Las políticas que aplica el Partido Popular donde gobierna, ya todos las estamos conociendo. No tienen reparo en despedir profesores de la educación pública, pero seguir subvencionando las matrículas y los uniformes en los colegios privados. Es la muestra más evidente de que, detrás de los servicios que ahora se prestan gratuitamente, la derecha sólo ve un jugoso negocio, que quiere que los suyos exploten. La educación no es un negocio, es un derecho, del cual depende nuestro futuro social y económico.
A diferencia de lo que hace el partido de Rajoy, los socialistas no sólo creemos en el Estado de Bienestar, sino que lo defendemos con hechos, allí donde gobernamos. En este año 2011, el de mayor crisis económica, el Gobierno central ha aumentado el gasto educativo, incrementando también el número de becas y su cuantía, y eso sobre todo lo saben las familias que las reciben.
Y en Andalucía, a pesar de la crisis económica, el Gobierno de Griñán considera que gastar en educación es invertir en el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad, y es además una manera de ayudar a las familias con los gastos de los libros de texto, del transporte escolar o de la educación de los más pequeños de la casa, de las guarderías. Los idiomas y las tecnologías entendemos que son imprescindibles hoy en día para que nuestros hijos puedan afrontar su futuro en igualdad de condiciones.
Cuando arranque el nuevo curso, más de 157.000 alumnos de todos los niveles educativos se incorporarán a las aulas almerienses, constituyendo su educación la mayor fuente de riqueza que puede poseer nuestra tierra, aunque sus resultados se vean a largo plazo. En la educación hay que buscar la explicación del progreso de nuestra provincia. Todos sabemos que en Andalucía hemos recorrido un largo camino, partíamos con un atraso educativo histórico que a día de hoy hemos superado, gracias a que las prioridades siempre han estado claras. Todo es mejorable, pero lo que no debemos permitir es que empeore.
Por eso debemos seguir esforzándonos cada día, por eso debemos blindar el sistema educativo público. Si hoy no lo hacemos, mañana cosecharemos desigualdad, falta de oportunidades y atraso. La defensa de un sistema educativo público de calidad debería ser la ‘guerra’ de quienes queremos que ese derecho lo disfruten también las generaciones venideras.
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