El Gobierno andaluz ha comenzado su andadura a velocidad de crucero. No ha perdido ni un solo minuto en ponerse a trabajar para que los compromisos alcanzados por la presidenta de la Junta de Andalucía con todos los andaluces y andaluzas se puedan poner en marcha en el menor tiempo posible. Las decisiones adoptadas en las dos primeras sesiones del Consejo de Gobierno, relacionadas con la educación, la sanidad y la lucha contra los desahucios, así lo avalan.
Susana Díaz ha pasado de las palabras a los hechos con la urgencia que nos exigen los ciudadanos, puesto que hay situaciones por las que atraviesan muchas familias que requieren de soluciones rápidas que atajen esos problemas de manera casi inmediata. En ese escenario es donde se encuadran las nuevas medidas aprobadas para luchar contra los desahucios, y que sitúan a nuestra comunidad como uno de los territorios que más está luchando para combatir este drama.
El compromiso andaluz ya expresado en la Ley de Garantías de Función Social de la Vivienda se amplía ahora con el proyecto de ley de Protección de Consumidores Hipotecarios y el anteproyecto de Retracto en Desahucios de Viviendas en Andalucía. De esta manera, avanzamos en la protección de las personas más vulnerables ya que la Junta de Andalucía podrá ejercer el derecho de compra preferente, sobre aquellas viviendas libres o edificios objeto de ejecución hipotecaria, con la idea de facilitar la permanencia de las familias afectadas en sus casas.
En ese sentido, el Plan Autonómico de Vivienda – que es donde tendrán encaje estas medidas y que se encuentra ya en su última fase de tramitación - señalará los criterios socioeconómicos que deben cumplir las personas afectadas por un desahucio para activar la intervención de la Administración. Una vez ejercido el retracto, los afectados tendrán preferencia de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.
La Administración andaluza persigue, con esta figura del retracto, realizar una intervención integral que, en primer lugar, facilite la permanencia de las familias afectadas en la vivienda; incremente el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales, y, por último, asegure una oferta suficiente de viviendas en manos de la Administración dirigidas a personas con especiales dificultades económicas.
Además, al proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias se han añadido una serie de medidas dirigidas a facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios, con la creación de un tribunal específico de arbitraje, y a diseñar un sistema integral de información y asesoramiento a las personas afectadas.
En materias como la educación, Susana Díaz ha hecho efectivo el compromiso alcanzado durante la campaña electoral con el alumnado universitario con dificultades económicas, destinando 3 millones de euros en ayudas para la matriculación y obtención del certificado de idiomas B1. Además, el Gobierno andaluz ya trabaja también para sacar adelante el fraccionamiento de las matrículas universitarias hasta en diez plazos.
Por último, el Consejo de Gobierno celebrado esta misma semana ha aprobado el anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Se trata de una norma pionera en España que tiene como principal objetivo blindar la sanidad pública e impedir por ley el copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas. El objetivo fundamental, en todo caso, es garantizar el derecho a acceder a una sanidad pública sostenible y de calidad a cualquier persona que la precise, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad.
Se trata, sin duda, de un importantísimo paquete de medidas aprobado en un tiempo récord; que deja a las claras la determinación y la voluntad política que demuestra Susana Díaz en cumplir uno por uno todos los compromisos alcanzados con los andaluces y las andaluzas. La presidenta andaluza siempre ha asegurado que por encima de cualquier otra cosa el Gobierno andaluz tiene la obligación de atender las necesidades de las personas, y a fe que lo está cumpliendo.
Susana Díaz ha pasado de las palabras a los hechos con la urgencia que nos exigen los ciudadanos, puesto que hay situaciones por las que atraviesan muchas familias que requieren de soluciones rápidas que atajen esos problemas de manera casi inmediata. En ese escenario es donde se encuadran las nuevas medidas aprobadas para luchar contra los desahucios, y que sitúan a nuestra comunidad como uno de los territorios que más está luchando para combatir este drama.
El compromiso andaluz ya expresado en la Ley de Garantías de Función Social de la Vivienda se amplía ahora con el proyecto de ley de Protección de Consumidores Hipotecarios y el anteproyecto de Retracto en Desahucios de Viviendas en Andalucía. De esta manera, avanzamos en la protección de las personas más vulnerables ya que la Junta de Andalucía podrá ejercer el derecho de compra preferente, sobre aquellas viviendas libres o edificios objeto de ejecución hipotecaria, con la idea de facilitar la permanencia de las familias afectadas en sus casas.
En ese sentido, el Plan Autonómico de Vivienda – que es donde tendrán encaje estas medidas y que se encuentra ya en su última fase de tramitación - señalará los criterios socioeconómicos que deben cumplir las personas afectadas por un desahucio para activar la intervención de la Administración. Una vez ejercido el retracto, los afectados tendrán preferencia de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.
La Administración andaluza persigue, con esta figura del retracto, realizar una intervención integral que, en primer lugar, facilite la permanencia de las familias afectadas en la vivienda; incremente el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales, y, por último, asegure una oferta suficiente de viviendas en manos de la Administración dirigidas a personas con especiales dificultades económicas.
Además, al proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias se han añadido una serie de medidas dirigidas a facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios, con la creación de un tribunal específico de arbitraje, y a diseñar un sistema integral de información y asesoramiento a las personas afectadas.
En materias como la educación, Susana Díaz ha hecho efectivo el compromiso alcanzado durante la campaña electoral con el alumnado universitario con dificultades económicas, destinando 3 millones de euros en ayudas para la matriculación y obtención del certificado de idiomas B1. Además, el Gobierno andaluz ya trabaja también para sacar adelante el fraccionamiento de las matrículas universitarias hasta en diez plazos.
Por último, el Consejo de Gobierno celebrado esta misma semana ha aprobado el anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Se trata de una norma pionera en España que tiene como principal objetivo blindar la sanidad pública e impedir por ley el copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas. El objetivo fundamental, en todo caso, es garantizar el derecho a acceder a una sanidad pública sostenible y de calidad a cualquier persona que la precise, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad.
Se trata, sin duda, de un importantísimo paquete de medidas aprobado en un tiempo récord; que deja a las claras la determinación y la voluntad política que demuestra Susana Díaz en cumplir uno por uno todos los compromisos alcanzados con los andaluces y las andaluzas. La presidenta andaluza siempre ha asegurado que por encima de cualquier otra cosa el Gobierno andaluz tiene la obligación de atender las necesidades de las personas, y a fe que lo está cumpliendo.
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