La falta de agua secular que padecemos en el sureste español no es tan dura como la otra sequía que azota a nuestra provincia desde que el PP llegó al Gobierno: la sequía de inversiones. En Almería, el Gobierno de Rajoy lleva seis años sin poner un euro para nada, incluidas las infraestructuras hídricas que tenemos pendientes.
Sin esas infraestructuras, la economía almeriense se está viendo obligada a jugar en desventaja con respecto a otros territorios limítrofes donde el Gobierno sí ha buscado soluciones a la sequía. Es el caso, por ejemplo, de Murcia, donde el Gobierno central lleva ya meses bonificando el agua de riego, para asombro e indignación de los agricultores almerienses, que ven cómo, por sólo unos kilómetros de distancia, el Gobierno del PP no les deja acceder a esas subvenciones.
Ante la falta de agua, lo que necesita la provincia de Almería es una lluvia de millones: de 206 millones, para ser exactos. Esta cantidad, perfectamente asumible para el Gobierno central, daría para realizar las infraestructuras hídricas que el Gobierno tiene pendientes en la provincia de Almería. Entre estas obras, destaca la ampliación de la desaladora de Carboneras, las conducciones de agua desalada desde la Venta del Pobre al Campo de Tabernas, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, las canalizaciones de distribución de la desaladora del Campo de Dalías, la ampliación de las depuradoras de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra y el túnel de desagüe de la Balsa del Sapo. También habría dinero suficiente para el encauzamiento de los ríos Antas y Adra.
Con estas infraestructuras terminadas y poniendo las desaladoras que ya tenemos a funcionar a pleno rendimiento, el déficit hídrico que padece la provincia pasaría a la historia.
A principios de este mes de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 1/2018, en la que, a iniciativa del Grupo Socialista, se incorporaron tres obligaciones para el Gobierno en materia de agua: que se ejecutarían las obras hídricas que están pendientes, que el precio del agua para riego no excedería los 30 céntimos por metro cúbico y que se impulsaría la reutilización de aguas.
Ahora, el Ejecutivo de Rajoy tiene una oportunidad de oro de cumplir la ley, incorporando estas tres cuestiones al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que tiene previsto presentar en los próximos días.
Resulta imprescindible para nuestra provincia que el Gobierno del Partido Popular ponga en marcha cuanto antes la medida para garantizar el precio de 30 céntimos de euro el metro cúbico de agua desalada. También hace falta que se culminen las infraestructuras hídricas que tenemos pendientes y que costarían sólo esos 206 millones de euros, una cantidad que no es ninguna exageración, visto, además, todo lo que ha dejado de invertir el Gobierno en nuestra provincia. Cabe recordar, para que se hagan una idea, que sólo en el proyecto de AVE con Murcia, el Gobierno le ha robado a nuestra provincia 417 millones de euros, que estaban presupuestados y que nunca se llegaron a gastar.
El Partido Popular no ha hecho otra cosa en estos años que lleva gobernando que arrinconar proyectos, no ejecutar las inversiones previstas en los presupuestos y, en definitiva, abandonar a su suerte a una provincia en la que los recursos hídricos, tanto para riego como para abastecimiento humano, resultan esenciales. Nuestra provincia no merece este abandono que está padeciendo por parte del Gobierno central.
Sin esas infraestructuras, la economía almeriense se está viendo obligada a jugar en desventaja con respecto a otros territorios limítrofes donde el Gobierno sí ha buscado soluciones a la sequía. Es el caso, por ejemplo, de Murcia, donde el Gobierno central lleva ya meses bonificando el agua de riego, para asombro e indignación de los agricultores almerienses, que ven cómo, por sólo unos kilómetros de distancia, el Gobierno del PP no les deja acceder a esas subvenciones.
Ante la falta de agua, lo que necesita la provincia de Almería es una lluvia de millones: de 206 millones, para ser exactos. Esta cantidad, perfectamente asumible para el Gobierno central, daría para realizar las infraestructuras hídricas que el Gobierno tiene pendientes en la provincia de Almería. Entre estas obras, destaca la ampliación de la desaladora de Carboneras, las conducciones de agua desalada desde la Venta del Pobre al Campo de Tabernas, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, las canalizaciones de distribución de la desaladora del Campo de Dalías, la ampliación de las depuradoras de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra y el túnel de desagüe de la Balsa del Sapo. También habría dinero suficiente para el encauzamiento de los ríos Antas y Adra.
Con estas infraestructuras terminadas y poniendo las desaladoras que ya tenemos a funcionar a pleno rendimiento, el déficit hídrico que padece la provincia pasaría a la historia.
A principios de este mes de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 1/2018, en la que, a iniciativa del Grupo Socialista, se incorporaron tres obligaciones para el Gobierno en materia de agua: que se ejecutarían las obras hídricas que están pendientes, que el precio del agua para riego no excedería los 30 céntimos por metro cúbico y que se impulsaría la reutilización de aguas.
Ahora, el Ejecutivo de Rajoy tiene una oportunidad de oro de cumplir la ley, incorporando estas tres cuestiones al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que tiene previsto presentar en los próximos días.
Resulta imprescindible para nuestra provincia que el Gobierno del Partido Popular ponga en marcha cuanto antes la medida para garantizar el precio de 30 céntimos de euro el metro cúbico de agua desalada. También hace falta que se culminen las infraestructuras hídricas que tenemos pendientes y que costarían sólo esos 206 millones de euros, una cantidad que no es ninguna exageración, visto, además, todo lo que ha dejado de invertir el Gobierno en nuestra provincia. Cabe recordar, para que se hagan una idea, que sólo en el proyecto de AVE con Murcia, el Gobierno le ha robado a nuestra provincia 417 millones de euros, que estaban presupuestados y que nunca se llegaron a gastar.
El Partido Popular no ha hecho otra cosa en estos años que lleva gobernando que arrinconar proyectos, no ejecutar las inversiones previstas en los presupuestos y, en definitiva, abandonar a su suerte a una provincia en la que los recursos hídricos, tanto para riego como para abastecimiento humano, resultan esenciales. Nuestra provincia no merece este abandono que está padeciendo por parte del Gobierno central.
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