La defensa de los valores sociales es algo intrínseco al socialismo. En Andalucía no nos hemos quedado sólo en la teoría y hemos llevado a la práctica esos preceptos. La ciudadanía andaluza ha ido venciendo y avanzando en cuestiones que en otras comunidades autónomas siguen estancadas y todo gracias al impulso llevado a cabo desde el Gobierno de Susana Díaz para que en Andalucía se sigan conquistado derechos que favorecen la vida y el bienestar de las personas.
La puesta en marcha de tres iniciativas como la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Renta Mínima de Inserción Social y la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad demuestra que otra forma de hacer política es posible. Así lo entendemos desde el PSOE. Andalucía se ha convertido, de esta manera, en vanguardia social puesto que mientras que en otras comunidades se recortan derechos, aquí se ganan.
En nuestra provincia, el desarrollo de estas tres normativas beneficiará nada menos que a 164.000 personas. En primer lugar, la Ley de Renta Mínima de Inserción, en vigor desde el pasado 1 de enero, es un instrumento de inclusión e inserción social y laboral con el que Andalucía combate la desigualdad y precariedad que ha traído la crisis económica y, sobre todo, la reforma laboral del Partido Popular. Con ella se lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación, atendiendo y dando cobertura a quienes más lo necesitan, entre los que se encuentran menores, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia machista. En su primer año puede dar cobertura a más de 45.000 familias y beneficiar a unas 120.000 personas. En Almería, son casi 9.000 las personas que se pueden acoger a esta ley.
La segunda norma con la que el PSOE andaluz refuerza el estado del bienestar es la Ley de Atención a personas con discapacidad que quiere dar respuesta a las necesidades y retos a los que cada día se enfrenta el 10% de la población andaluza, unas 700.000 personas. En la provincia, son 45.000 los almerienses a los que beneficia esta norma que revisa el concepto de discapacidad y reorienta las actuaciones públicas desde un modelo biosanitario y rehabilitador a un modelo social basado en las capacidades.
Esta ley incorpora la perspectiva de género y reacciona a la situación de mayor discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad incorporando un Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía, así como programas de prevención y atención de la violencia de género. Asimismo, promueve algo tan básico como es el respeto a la orientación e identidad sexual, el respeto a la imagen y busca mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad para evitar la estigmatización social.
La tercera de las conquistas sociales viene, precisamente, de la mano de la Ley de Servicios Sociales que nace para brindar prestaciones básicas, universalizar los servicios sociales y garantizar la gestión pública de los servicios sociales comunitarios. Esta ley amparará a 110.000 almerienses para quienes la administración será más cercana, más eficaz, pero también más eficiente y les brindará una atención integral y coordinada. La norma potencia los servicios de información, valoración, orientación, asesoramiento, teleasistencia, atención a la urgencia social o los servicios específicos de protección a los menores andaluces en situación de riesgo o desamparo.
En la provincia la atención a las personas que se benefician de estas y otras políticas sociales de la Junta de Andalucía se traduce económicamente en una partida de más de 100 millones de euros anuales.
La puesta en marcha de tres iniciativas como la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Renta Mínima de Inserción Social y la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad demuestra que otra forma de hacer política es posible. Así lo entendemos desde el PSOE. Andalucía se ha convertido, de esta manera, en vanguardia social puesto que mientras que en otras comunidades se recortan derechos, aquí se ganan.
En nuestra provincia, el desarrollo de estas tres normativas beneficiará nada menos que a 164.000 personas. En primer lugar, la Ley de Renta Mínima de Inserción, en vigor desde el pasado 1 de enero, es un instrumento de inclusión e inserción social y laboral con el que Andalucía combate la desigualdad y precariedad que ha traído la crisis económica y, sobre todo, la reforma laboral del Partido Popular. Con ella se lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación, atendiendo y dando cobertura a quienes más lo necesitan, entre los que se encuentran menores, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia machista. En su primer año puede dar cobertura a más de 45.000 familias y beneficiar a unas 120.000 personas. En Almería, son casi 9.000 las personas que se pueden acoger a esta ley.
La segunda norma con la que el PSOE andaluz refuerza el estado del bienestar es la Ley de Atención a personas con discapacidad que quiere dar respuesta a las necesidades y retos a los que cada día se enfrenta el 10% de la población andaluza, unas 700.000 personas. En la provincia, son 45.000 los almerienses a los que beneficia esta norma que revisa el concepto de discapacidad y reorienta las actuaciones públicas desde un modelo biosanitario y rehabilitador a un modelo social basado en las capacidades.
Esta ley incorpora la perspectiva de género y reacciona a la situación de mayor discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad incorporando un Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía, así como programas de prevención y atención de la violencia de género. Asimismo, promueve algo tan básico como es el respeto a la orientación e identidad sexual, el respeto a la imagen y busca mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad para evitar la estigmatización social.
La tercera de las conquistas sociales viene, precisamente, de la mano de la Ley de Servicios Sociales que nace para brindar prestaciones básicas, universalizar los servicios sociales y garantizar la gestión pública de los servicios sociales comunitarios. Esta ley amparará a 110.000 almerienses para quienes la administración será más cercana, más eficaz, pero también más eficiente y les brindará una atención integral y coordinada. La norma potencia los servicios de información, valoración, orientación, asesoramiento, teleasistencia, atención a la urgencia social o los servicios específicos de protección a los menores andaluces en situación de riesgo o desamparo.
En la provincia la atención a las personas que se benefician de estas y otras políticas sociales de la Junta de Andalucía se traduce económicamente en una partida de más de 100 millones de euros anuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario