Ciudadanía activa

Las injustas, insolidarias y abusivas medidas del Gobierno de Rajoy están movilizando a millones de ciudadanos que se sienten agredidos individual y colectivamente. Salen a la calle en defensa no sólo de sus derechos y libertades personales sino también para dar la cara por los demás. Es el caso de los trabajadores de la Enseñanza o la Sanidad Pública. Son trabajadores públicos que saben de qué manera afectará a los usuarios los recortes en las inversiones o del gasto público del Estado en estos servicios básicos.

Los ciudadanos tenemos a nuestros representantes, elegidos democráticamente, para que hablen por nosotros en los distintos órganos de decisión política. Votamos cada cuatro años y lo hacemos con absoluta libertad. Pero la participación democrática de los ciudadanos en la vida pública no se agota ahí, o mejor dicho no debe agotarse ahí. También tenemos calles y plazas para reunirnos y manifestar nuestra opinión. Y cada vez que lo hagamos debe ser con tanta firmeza en nuestras convicciones como respeto hacia los demás.

El deterioro de las condiciones de vida derivado de las medidas del Gobierno de Rajoy llega a una inmensa mayoría de ciudadanos. Recordemos, en un rápido repaso, la reforma laboral, la congelación de pensiones, la reducción de becas, las menores inversiones en Sanidad y Educación, la subida de las matrículas universitarias, el aumento de la presión fiscal, etc.

Nos estamos acostumbrado los españoles, para nuestro mal, a esos viernes de Consejo de Ministros trufados de decisiones inverosímiles. Sin ir más lejos, pretenden ahora cobrar por el uso de las autovías o subir el IVA, que dijeron que no tocarían.

Lo que está haciendo el PP con los españoles es desahuciarnos no de una vivienda impagada sino de una forma de vida que habíamos alcanzado sin deber nada a nadie. El Gobierno de Rajoy se está comportando como si fuera una de esas agencias americanas de calificación que de vez en cuando arremeten contra España. En este caso, el PP arremete contra nosotros y degrada semana a semana nuestra calidad de vida con medidas abusivas y desproporcionadas, decidido a darle la vuelta a nuestro país como si fuera un calcetín, metiendo la mano y la tijera en cuestiones que van más allá de los servicios esenciales o las condiciones laborales. Llegará un momento, si la sociedad española no lo remedia, en que tengamos que pagar por ejercer nuestros derechos.

El mensaje que se nos quiere dar es que no nos merecemos lo que tenemos, que nada va a ser gratis, y que lo que veníamos considerando un derecho o, cuando menos, unos servicios, se ha convertido en artículo de lujo por los que tendremos que pagar si queremos disfrutar de ellos.

Andalucía tiene ante sí un enorme reto que el nuevo gobierno va a afrontar, estoy convencido, con un sentido de la responsabilidad y unas prioridades que nada tiene que ver con lo que representa el PP. Así lo han querido los andaluces y así va a ser.

Ahora, que es el tiempo de la política con mayúsculas, también debe de ser el tiempo de los ciudadanos, del compromiso de una ciudadanía activa que fiscalice la acción de los gobiernos y que haga escuchar su voz todas las veces que sea necesario. El acuerdo de gobierno entre PSOE e IU en Andalucía va por ese camino, con políticos que no se van a poner de rodillas, que no se van doblegar ni aceptar el pensamiento único que nos tratan de imponer desde Europa. Con un proyecto progresista para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y la defensa del Estado del Bienestar, la transparencia y la participación ciudadana.