El Gobierno del Partido Popular tiene previsto asestar en las próximas semanas el mayor golpe a la autonomía local de la democracia. La propuesta que ha debatido el Partido Popular, en el encuentro que ha celebrado este fin de semana en Almería, pretende imponer un modelo ideológico trasnochado, aprovechando la situación de crisis económica, con el que mutila la democracia interna del municipalismo, elimina las entidades locales autónomas, fusiona los ayuntamientos con una población menor de 5.000 habitantes - lo que afectaría al 90 por ciento de los municipios almerienses - y reduce los concejales. Es decir, con la propuesta del PP prácticamente todos los ayuntamientos almerienses pueden quedar intervenidos, sin apenas competencias. Se trata, en definitiva, de un viaje en el tiempo al modelo local de los años setenta.
La derecha española, que anda enredada en estos días en intentar explicar las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación sobre sobresueldos en dinero negro en el Partido Popular y cuentas multimillonarias en Suiza, cuestiona la rentabilidad social de los servicios públicos municipales en aras de criterios exclusivamente económicos, dibujando un escenario perfecto para la privatización de todos los servicios municipales. El PP ha iniciado el proceso con la sanidad y la educación y ahora ve la oportunidad de copar en el ámbito local la parte del negocio que estaba por explotar en todas sus posibilidades.
El Partido Popular quiere concentrar los centros de decisión al margen de los ayuntamientos y de los habitantes de los municipios, sobre todo los pequeños y medianos, con la intención de concentrar su gestión en las diputaciones. Fulmina el carácter público de cualquier servicio por cuanto dicta que su finalidad es el beneficio en exclusiva económico, olvidando la rentabilidad social del gasto público que financiamos entre todos. La ciudadanía usará y financiará unos servicios básicos y próximos (transporte, abastecimiento de agua, cementerios...) hasta ahora públicos para que, finalmente, se beneficie un privado.
¿Con qué legitimidad democrática cuentan las diputaciones para sustituir la acción de los municipios intervenidos, cuyos representantes han sido elegidos directamente por el pueblo? ¿A quienes les pedirán explicaciones los ciudadanos, a quién votó o a quién gestiona los servicios públicos que pasarán a manos privadas?
El Partido Popular ha lanzado, a la par que presentaba el documento de anteproyecto de reforma local, la necesidad de recortar un 30 por ciento el número de miembros de las corporaciones locales, según tramos de población, como una medida de ahorro a las arcas públicas. Esta reforma parte de una premisa falsa: que todos los miembros de las corporaciones locales reciben un sueldo. Recortar representantes públicos no es un ahorro, es más, tiene un alto coste democrático, en términos de representatividad electoral de las formaciones minoritarias y contribuye al descrédito de la política.
En nuestra provincia, en los pequeños municipios – que son prácticamente todos- los concejales no cobran por sus tareas. Sin embargo, en grandes municipios como Almería, El Ejido o Roquetas de Mar nos encontramos que hasta 40 concejales del Partido Popular cobran un sueldo público. Ahí es donde habría que recortar, en sueldos, no en democracia. No sobran concejales, lo que sobran son ediles con sueldo a pesar de que en esos municipios todos los servicios públicos están privatizados. Y esto es lo que a estas alturas está meridianamente claro. Lo que verdaderamente busca el PP con la reforma de la administración local, lo que tiene en su perfil ideológico, es que en este país haya menos democracia y más negocio para los suyos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario