Los continuos recortes de derechos y de servicios sanitarios que está planteando el Gobierno de Rajoy están poniendo en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y también la salud de los españoles. La situación que está atravesando la sanidad pública comienza a ser tan preocupante que muchos ciudadanos empiezan a decir aquello de “más vale no ponerse malo” porque la enfermedad ha pasado a estar penalizada en este país. El enfermo, que debería de tener todas las garantías, derechos y ayudas, ha pasado ahora, gracias al Gobierno del Partido Popular, a ser el que pague los platos rotos de la crisis económica que sufrimos. No necesitamos ni más radiografías ni más pruebas complementarias para determinar que los “síntomas” de esta nefasta gestión que está realizando el gobierno de Rajoy tendrán un mal pronóstico a corto plazo.
El Gobierno ha puesto en marcha un impuesto a la enfermedad, pidiendo dinero a las personas que no lo tienen, a los que se les sube los impuestos y no las pensiones y a los que se les hace pagar inmerecidamente los efectos de la crisis. Los socialistas venimos denunciando que se ha hecho mal la reforma del Sistema Sanitario, de forma improvisada, sin tener en cuenta los criterios básicos de salud de los españoles y ahondando en las desigualdades. En este sentido, el PSOE ha planteado alternativas para mejorar la financiación de la sanidad con la creación de impuestos que graven el tabaco y el alcohol de alta graduación; la subasta de medicamentos para bajar sus precios; una mejor gestión en los cobros a terceros o propuestas para una mejor gestión y ordenación del Sistema. Estas medidas supondrían un ahorro de unos 6.500 millones de euros para financiar la sanidad sin recortes de derechos ni de servicios.
Ante la encrucijada en la que nos ha metido el Partido Popular y con el objetivo de parar todas estas medidas injustas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado esta misma semana interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto de Medidas, que el Gobierno del PP califica de “Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, al entender que la norma estatal invade o lesiona artículos de la Carta Magna y del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El Real Decreto dictado por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy es inconstitucional tanto en el fondo como en la forma, toda vez que no garantiza el derecho a la protección de todos reconocido en la Carta Magna, con lo que se pasa de ser ciudadanos titulares del derecho a la salud a ser asegurados y beneficiarios de un servicio, y penaliza con motivo de la situación económica a los sectores más desfavorecidos como el de los pensionistas, a los que se les va a obligar, salvo en Andalucía, a adelantar parte del dinero de lo que cuestan las medicinas que necesitan.
Y no será así en Andalucía gracias a que la reacción del Gobierno andaluz no se ha hecho esperar y los pensionistas no tendrán que abonar por adelantado el dinero a los farmacéuticos por los medicamentos, sino que pagarán exclusivamente lo que les corresponde, a diferencia del resto de los pensionistas españoles. En cualquier caso, los socialistas seguimos manteniendo que los pensionistas no deberían de pagar ni un solo euro por los medicamentos porque para eso ya han cotizado durante toda su vida.
En la sanidad, como en tantos otros asuntos, los ciudadanos pueden comparar perfectamente los dos modelos con los que estamos enfrentándonos a la crisis desde el Gobierno de Rajoy y desde el Gobierno de Griñán. El fondo, las formas y las prioridades son diametralmente opuestas. Mientras que el primero actúa como un mero contable, haciendo caja con los ciudadanos, el presidente andaluz pone en marcha fórmulas imaginativas para garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones para todas las personas. ¿Quién dijo que ya no había ideologías?
El Gobierno ha puesto en marcha un impuesto a la enfermedad, pidiendo dinero a las personas que no lo tienen, a los que se les sube los impuestos y no las pensiones y a los que se les hace pagar inmerecidamente los efectos de la crisis. Los socialistas venimos denunciando que se ha hecho mal la reforma del Sistema Sanitario, de forma improvisada, sin tener en cuenta los criterios básicos de salud de los españoles y ahondando en las desigualdades. En este sentido, el PSOE ha planteado alternativas para mejorar la financiación de la sanidad con la creación de impuestos que graven el tabaco y el alcohol de alta graduación; la subasta de medicamentos para bajar sus precios; una mejor gestión en los cobros a terceros o propuestas para una mejor gestión y ordenación del Sistema. Estas medidas supondrían un ahorro de unos 6.500 millones de euros para financiar la sanidad sin recortes de derechos ni de servicios.
Ante la encrucijada en la que nos ha metido el Partido Popular y con el objetivo de parar todas estas medidas injustas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado esta misma semana interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto de Medidas, que el Gobierno del PP califica de “Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, al entender que la norma estatal invade o lesiona artículos de la Carta Magna y del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El Real Decreto dictado por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy es inconstitucional tanto en el fondo como en la forma, toda vez que no garantiza el derecho a la protección de todos reconocido en la Carta Magna, con lo que se pasa de ser ciudadanos titulares del derecho a la salud a ser asegurados y beneficiarios de un servicio, y penaliza con motivo de la situación económica a los sectores más desfavorecidos como el de los pensionistas, a los que se les va a obligar, salvo en Andalucía, a adelantar parte del dinero de lo que cuestan las medicinas que necesitan.
Y no será así en Andalucía gracias a que la reacción del Gobierno andaluz no se ha hecho esperar y los pensionistas no tendrán que abonar por adelantado el dinero a los farmacéuticos por los medicamentos, sino que pagarán exclusivamente lo que les corresponde, a diferencia del resto de los pensionistas españoles. En cualquier caso, los socialistas seguimos manteniendo que los pensionistas no deberían de pagar ni un solo euro por los medicamentos porque para eso ya han cotizado durante toda su vida.
En la sanidad, como en tantos otros asuntos, los ciudadanos pueden comparar perfectamente los dos modelos con los que estamos enfrentándonos a la crisis desde el Gobierno de Rajoy y desde el Gobierno de Griñán. El fondo, las formas y las prioridades son diametralmente opuestas. Mientras que el primero actúa como un mero contable, haciendo caja con los ciudadanos, el presidente andaluz pone en marcha fórmulas imaginativas para garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones para todas las personas. ¿Quién dijo que ya no había ideologías?
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